Pueblo dominicano:
Me dirijo a ustedes esta noche con la finalidad de referirme a la actual situación económica del país y de las medidas que en lo inmediato debemos adoptar para proteger a los distintos sectores de la vida nacional de los efectos devastadores del huracán económico que en estos momentos azota al mundo.
En efecto, luego de los grandes esfuerzos que hemos realizado para superar los graves problemas económicos y financieros del período 2000-2004, la República Dominicana, al igual que otras naciones del mundo, se ve ahora severamente afectada por los altos precios del petróleo, los alimentos y otras materias primas, así como por la crisis financiera de los Estados Unidos.
Para dar una idea de la magnitud de la situación que debemos enfrentar, debo indicar que al precio promedio proyectado de 130 dólares por barril de petróleo, en lo que resta de este año 2008, se estima que la factura petrolera alcanzaría unos 5 mil 200 millones de dólares.
Eso representaría un aumento de 253% con respecto al 2004, y en términos absolutos más de 3 mil 500 millones de dólares.
De la misma manera, si relacionamos esta factura con la pagada en el 2007, este monto representaría casi 2 mil millones de dólares adicionales, es decir, el 60% de la totalidad de la factura petrolera pagada desde el 2004 hasta la fecha.
Conjuntamente con la escalada alcista de los precios internacionales del petróleo, se ha registrado un incremento de los precios internacionales de bienes que tienen como parte de sus insumos derivados del petróleo, como es el caso de los abonos, agroquímicos y fertilizantes.
Adicionalmente, el precio internacional de los principales productos alimenticios de la canasta familiar ha estado también aumentando en los mercados internacionales desde el año pasado, en una magnitud sin precedentes durante las últimas dos décadas.
Por ejemplo, el precio internacional del arroz se incrementó 107% en el último año; el del maíz 101%; el de la soya 81% y el del trigo 32%. Por efecto del aumento de los precios internacionales de estas materias primas y otras similares, se proyecta que el país requerirá unos 700 millones de dólares adicionales para financiar sus importaciones.
Existe el criterio entre los expertos de que los incrementos de precios de estos alimentos se debe al crecimiento de la demanda, fundamentalmente de los denominados países BRIC, esto es, Brasil, Rusia, India y China; a problemas en la producción de cereales en el 2006 y el 2007; al uso de algunas de estas materias primas para la producción de bio-combustibles y al efecto especulativo de las compras a futuro en los mercados financieros internacionales.
De acuerdo a varias organizaciones internacionales, entre ellas la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), estas condiciones de precios prevalecerán en el mercado, al menos hasta el 2010.
El efecto combinado de los altos precios internacionales del petróleo y las materias primas, mas el aumento de las importaciones ocasionado por el crecimiento de nuestra economía, generaría, de acuerdo con estimaciones de organismos competentes, un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos del país equivalente a unos 3 mil 400 millones de dólares.
Pero es importante señalar sobre este particular que sólo la factura petrolera representaría el 42% del total de las importaciones nacionales.
Desde el punto de vista del bienestar de la población, lo anterior significa que en caso de que los precios del petróleo se mantengan a los niveles antes señalados y que los precios de nuestros productos de exportación no mejoren, entonces el consumo y la inversión, pública y privada, tendrían que contraerse para condicionar la adquisición de bienes y servicios importados a los ingresos en divisas de la economía.
Todo eso, por supuesto, va a requerir ajustes, tanto por parte del Gobierno como de la sociedad en su conjunto.
La actual crisis nos obligará a ser sobrios en el gasto; a ser más comedidos y moderados. A no despilfarrar. A no derrochar. A apreciar el valor e importancia de cada cosa; y a no sucumbir ante las tentaciones de la vanidad que permanentemente nos incitan a consumir lo que no necesitamos.
Ante el desafío externo de nuestra economía, el Banco Central ha adoptado, desde principios de año, un conjunto de medidas de política monetaria orientadas a evitar que el crecimiento de la demanda agregada presione aun más los precios internos.
Estas medidas, tales como el ajuste de las tasas de interés, el uso de las reservas internacionales y el cambio en la composición del encaje legal, han contribuido a reducir el ritmo de crecimiento de los agregados monetarios.
Estas decisiones, adoptadas por las autoridades del Banco Central son similares a las aplicadas por los países no productores de petróleo alrededor del mundo, principalmente en América Latina, como lo prueban los casos de Perú y Chile, para sólo citar dos ejemplos.
Por otro lado, debido al fuerte impacto que tiene la situación internacional en la calidad de vida de la población, sobre todo, la de menor ingreso, el Gobierno había decidido otorgar subsidios para que no se traspasaran a los consumidores las alzas registradas en los precios internacionales de los principales productos de la canasta familiar y de los servicios de energía y transporte, a la espera de que estas alzas tuvieran un carácter transitorio.
Al examinar la situación de las finanzas públicas pudimos comprobar que la aplicación continua de subsidios generalizados, aunque con la buena intención de contribuir con los sectores sociales más vulnerables de la población, no era sostenible, ya que de continuar por esa vía se generaría un déficit público considerable.
Por tanto, dado que no se vislumbra un cambio a corto plazo en las tendencias de los precios de las materias primas, incluyendo el petróleo, ni en la crisis financiera de los Estado Unidos, que por el momento incluso parece agravarse, hemos diseñado un Plan Integral de Acción hasta el 2009, con el objetivo de revertir la amenaza de deterioro de las cuentas del sector externo y del sector fiscal que enfrenta el país.
El referido plan se sustenta en los siguientes aspectos:
Primero, la contracción del gasto público aprobado para el segundo semestre del año;
Segundo, la obtención del financiamiento externo necesario para asegurar el nuevo nivel de gasto estimado del gobierno;
Tercero, medidas en el sector eléctrico;
Cuarto, la focalización del subsidio al GLP a nivel de consumidores y del transporte público;
Quinto, la aplicación de medidas orientadas a garantizar la seguridad alimentaria; y
Sexto, el aumento de los programas de protección social del Gobierno para los sectores de menores ingresos de la población.
Con relación al primer aspecto, planteamos que debe ser una meta fundamental concluir el 2008 con un déficit del sector público no financiero equivalente a 2% del PIB.
Para el logro de esta meta se reducirá en un 20% la proyección de gasto realizada para el período agosto-diciembre de este año, equivalente a cerca de 20 mil millones de pesos.
Para dar una señal inequívoca de la voluntad del Gobierno para afrontar las dificultades que encara el país, estamos tomando, entre otras medidas, no iniciar la construcción de nuevos proyectos de infraestructuras y priorizar la ejecución de aquellas que a la fecha tengan por lo menos un 75% de realización.
De igual manera, estamos procediendo a reducir en 100 millones de dólares la ejecución del gasto en proyectos de inversión financiados con recursos externos, programados para ejecutarse en lo que resta de año.
La publicidad del Gobierno será rebajada en un 25%. Se congelará la compra de equipos de oficinas y de vehículos de todo tipo por un año, con excepción de la Policía Nacional, la Secretaría de Agricultura y Salud Pública.
Se reducirá la compra de combustible en un 25%. Se disminuirá el gasto en el uso de celulares. Se rebajarán los gastos en pasajes, viáticos y dietas, y se limitarán los gastos de representación.
Se producirá una rebaja en el salario de un 5% a los empleados del Gobierno Central, instituciones descentralizadas y autónomas, sector público financiero y no financiero que devenguen entre 151 mil y 200 mil pesos mensuales y un 10 % a los que devengan más de 200 mil pesos mensuales.
Se congelará la nómina pública, conforme a lo consignado al 31 de diciembre del 2007, exceptuando escuelas y hospitales.
Se instruye a la Secretaria de Estado de Hacienda a que elabore las cuotas de gasto para el Presupuesto Suplementario a ser sometido próximamente al Congreso Nacional, sobre la base de los criterios previamente establecidos.
Queda bajo la responsabilidad de la Contraloría General de la República no aprobar desembolsos que no estén acorde con estas disposiciones.
Para el 2009, nos proponemos reducir aún más este déficit del sector público no financiero hasta alcanzar un nivel de superávit primario de las cuentas fiscales que esté en consonancia con la sostenibilidad de largo plazo de la deuda pública del país.
En lo concerniente al segundo aspecto, es decir, la obtención del financiamiento externo para asegurar el nuevo nivel de gasto estimado del Gobierno, me complace anunciar que hemos solicitado al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, quien ha correspondido de manera generosa, volver a establecer a 50 mil barriles diarios el suministro de petróleo a la República Dominicana proveniente de ese país a través del Acuerdo de Petrocaribe.
Más aún, de acuerdo con la declaración final del último encuentro de los países miembros de Petrocaribe, se decidió aumentar el financiamiento concesionario que recibimos de un 50 a un 60% de la factura petrolera cuando los precios internacionales superen los 100 dólares el barril y a un 70% en caso de que los mismos alcancen 200 dólares por barril.
Todo esto nos permitirá disponer de 280 millones 800 mil dólares de financiamiento adicional a lo que se había contemplado en el presupuesto por concepto de Petrocaribe.
En ese mismo orden, hemos adelantado gestiones con el Congreso Nacional, así como ante el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, para asegurarnos que se puedan efectuar los desembolsos por un monto de 163 millones de dólares, correspondientes a préstamos para apoyo presupuestario que se han negociado con ambos organismos.
Eso, conjuntamente con el financiamiento obtenido de la banca local, nos permite afirmar a los acreedores internos y externos del país que hemos asegurado el cierre de la brecha financiera del sector público no financiero, es decir, la viabilidad de las cuentas fiscales para este año 2008.
En lo relativo al sector eléctrico, el subsidio correspondiente al año 2007 fue de 21 mil millones de pesos. Para este año se proyecta que alcance más de 36 mil millones de pesos.
Para enfrentar esta situación, el Gobierno está tomando una serie de medidas para disminuir el costo de generación de energía; establecer sectores de gestión dentro de las empresas distribuidoras de Edenorte y Edesur, las cuales se encargarán, en calidad de unidades operativas y administrativas, de vender, facturar y cobrar la energía suministrada al área geográfica que la conforman; focalizar el subsidio del Programa de Reducción de Apagones (PRA), para que sea recibido directamente por las familias necesitadas y fomentar un programa de ahorro de energía que se iniciará la próxima semana con la sustitución de 10 millones de bombillas incandescentes por bombillas fluorescentes de bajo consumo.
Si al subsidio del sector eléctrico se le suma el que se otorga al GLP, que para este año se proyecta ascendería a más de 13 mil millones de pesos, nos encontraríamos con la situación de que estamos gastando en subsidio a la electricidad y al GLP en el 2008 una suma superior a la que gastamos en educación y salud juntas.
Eso no puede ser. Eso es algo insostenible e inaceptable. Por consiguiente se impone la aplicación de un conjunto de medidas que establezcan los correctivos de lugar, pues además del alto costo que esos subsidios representan para las finanzas públicas, ocurre que a medida que el precio de la gasolina ha ido aumentando, también ha ido creciendo el número de jeepetas, vehículos de lujo y automóviles privados, en sentido general, que consumen GLP.
Entre esas medidas estamos creando el Programa "Bonogas para Choferes", el cual beneficiará a 24 mil choferes de carros públicos de transporte urbano con un subsidio de 38 pesos por galón, lo cual representa un poco más del doble del actual subsidio establecido por ley de 17 pesos con 35 centavos por galón, para la compra de hasta 6 galones diarios de GLP, para un monto mensual de 5 mil 700 pesos.
Igualmente, aplicaremos el Programa "Bonogas para Hogares", el cual beneficiará a 800 mil hogares pobres y de clase media-baja para la compra de hasta 6 galones mensuales de GLP, con un subsidio equivalente al de los choferes de 38 pesos por galón, es decir, el doble del actual subsidio, para un monto mensual de 228 pesos que se incluirá en la Tarjeta de Solidaridad.
Aclaramos que como actualmente sólo hay 400 mil hogares con Tarjeta de Solidaridad, ésta será duplicada a 800 mil en los próximos 60 días para que pueda entrar en plena operación el programa a que hemos hecho referencia.
Los hogares que ya cuentan con Tarjetas de Solidaridad, así como los nuevos hogares que las recibirán, serán capacitados en el manejo del medio de pago, alcance de la transferencia, lugares de expendio de GLP, así como la asistencia al usuario en caso de inconvenientes.
Adicionalmente, se ha previsto que algunos hogares pudiesen quedar involuntariamente excluidos del programa, por lo que se abrirán centros de inscripción cuya ubicación y horario de funcionamiento serán debidamente informados al público.
La focalización del subsidio del GLP en el sector transporte y residencial representará un ahorro para las finanzas públicas durante el resto de este año de 6 mil 300 millones de pesos.
Por otra parte, el Gobierno se compromete a intensificar, al amparo del reglamento de la Ley 157-07 de Fomento de las Energías Renovables, la introducción del uso de bioetanol y biocombustibles en el transporte.
Nos planteamos establecer un impuesto único para la importación de vehículos de transporte de pasajeros con el fin de propiciar un programa de sustitución de flota obsoleta.
De igual manera, se creará un impuesto único para la importación de camiones nuevos, volteos y camiones de carga de más de 10 toneladas con el fin de propiciar un programa de sustitución de unidades ineficientes de este tipo de transporte, a ser llevados a cabo por el sector privado con sus propios recursos, a través de los sindicatos que se acojan a este programa.
Se creará un mecanismo legal de cuota que exonere del pago de los impuestos arancelarios, ITBIS y los demás derechos y cargas (tasa cero), a las importaciones correspondientes a las partidas arancelarias de lubricantes, neumáticos, piezas y repuestos para vehículos de transporte de carga y pasajeros, que sean importados directamente por los beneficiarios.
Otras medidas incluyen el inicio de las operaciones del Metro de Santo Domingo a partir del mes de noviembre de este año, y el desarrollo de un programa de entrada en funcionamiento de 300 nuevos autobuses al sistema de transporte masivo para mejoría del servicio, principalmente en las ciudades de Santo Domingo y Santiago.
Para nuestro Gobierno, es motivo de particular preocupación, la situación de crisis alimentaria que en estos momentos se extiende por el mundo.
Estamos conscientes que esta crisis alimentaria puede significar un incremento de la pobreza, el hambre y la miseria.
En la República Dominicana no podemos permitir que esto ocurra; y yo les garantizo que no ocurrirá.
Afortunadamente, en el caso nuestro no se trata de escasez ni desabastecimiento de la producción. Aquí no faltan productos. Más bien, de lo que se trata es de un incremento en los costos de producción, que se traduce en un aumento de precios al consumo.
Por consiguiente, en el sector agropecuario lo que tenemos que hacer es disminuir esos costos de producción, al tiempo que aumentamos nuestra capacidad productiva y de productividad de los principales bienes de la canasta básica familiar.
Para lograr eso, nos proponemos, en primer lugar, incorporar a la producción agropecuaria en el corto plazo 500 mil tareas de tierras estatales, mediante joint venture o contrato de arrendamiento, cuya producción contribuya a satisfacer la demanda de alimentos de la población y de insumos para la alimentación animal, así como para ampliar las exportaciones.
En segundo lugar, intensificar el proceso de titulación de tierras, especialmente las de Reforma Agraria, y el desarrollo de cooperativas o asociaciones de los pequeños y medianos productores para que puedan acceder a financiamiento y tecnología.
Tercero, fortalecer el sistema de investigación y de innovaciones tecnológicas para incrementar la productividad y reducir los costos unitarios.
En cuarto lugar, incrementar el uso de la biotecnología en los procesos productivos, tanto agropecuarios como agroindustriales. Esto implicará la utilización de semillas genéticamente modificadas para elevar los rendimientos y la calidad de las cosechas.
Quinto, se incrementará la incorporación de valor agregado a la producción primaria, fomentando el desarrollo de las agroindustrias.
Sexto, se completará la construcción del Merca Santo Domingo para que su puesta en operación fortalezca el sistema de comercialización de productos alimenticios en el país.
En séptimo lugar, se mantendrán y fortalecerán las políticas públicas actuales relativas a los apoyos directos e incentivos del Gobierno a los productores agropecuarios, entre los cuales se citan:
· Programa Nacional de Pignoraciones;
· Programa de Apoyo Directo del Gobierno Dominicano a los Ganaderos;
· Programa de Preparación de Tierras y Distribución de Material de Siembra Gratuito a los Pequeños y Medianos Productores; y
· Política de exención fiscal y tributaria al sector agropecuario.
Con respecto a este último punto, nos proponemos proceder a la exención del pago de anticipos al Impuesto Sobre la Renta; a la exención de Impuestos Sobre los Activos; a la Exención de Retención del Impuesto Sobre la Renta, sobre los pagos realizados por el Estado; a la Exención del Impuesto Arancelario, el ITBIS y otros derechos y cargas a la importación de maquinarias y equipos; a la depreciación acelerada para la adquisición de equipos; y reembolso del Impuesto Selectivo al Consumo del gasoil establecido en la Ley 495-06 (Advalorem) pagados por las empresas del sector agropecuario.
Aspiramos a que con este conjunto de medidas y otras que contemplamos también aplicar en lo relativo al acceso al crédito y mecanismos de financiación con respecto al sector agropecuario, estemos creando las condiciones propicias para garantizar la seguridad alimentaria a la población dominicana.
Pero además, tomando en consideración la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los sectores de más bajos ingresos del país y las capas medias de la población, el Gobierno ha diseñado una serie de medidas con el propósito de aliviar los efectos de la actual crisis mundial.
En tal virtud, hacemos de conocimiento público que a partir del mes de agosto del presente año se reajusta el salario mínimo del sector público, incluyendo las pensiones y jubilaciones de civiles y militares, para que pasen de 3 mil a 5 mil pesos mensuales.
A partir de esa misma fecha se establece un incremento salarial de un 15% a los empleados del sector público que devengan un salario de hasta 30 mil pesos mensuales, lo cual beneficiará al 97.6% de los empleados públicos.
Asimismo, estamos instruyendo al Secretario de Estado de Hacienda para que elabore y someta al Congreso Nacional el proyecto de ley que permita la deducción fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las personas físicas de los gastos relacionados con la inscripción y las mensualidades en los colegios y las universidades de los hijos de los contribuyentes que realicen una actividad por cuenta propia o asalariados.
Con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) se dará inicio a un plan combinado de entrega de recursos con alimentos por un monto de 132 millones de pesos para actividades laborales realizadas por la población pobre en los campos dominicanos.
Se hará un incremento de la cobertura del Programa Solidaridad en 50 mil hogares. Se realizará un aumento de la transferencia del componente Comer es Primero de 550 a 700 pesos mensuales. Se producirá un incentivo a la asistencia escolar para más de 292 mil niños, niñas y adolescentes, miembros de hogares Solidaridad, que recibirán 150 pesos mensuales durante el año escolar; y se aumentará la transferencia de 300 a 400 pesos mensuales para compra de alimentos del Programa de Adultos Mayores a 50 mil envejecientes.
Se fortalecerá el programa de los Comedores Económicos en las distintas comunidades. Se continuará dando apoyo al Programa Nacional de Plazas Agropecuarias y se ampliarán los programas del Plan Social de la Presidencia.
Frente a la actual incertidumbre y la volatilidad que prevalece en los mercados internacionales, el gobierno permanecerá atento y vigilante, evaluando las nuevas realidades que se vayan perfilando, y adoptando las medidas que se requieran para mantener la estabilidad de nuestra economía y el bienestar de nuestra población.
Sin embargo, como pueden ustedes apreciar, a pesar de la intranquilidad y los temores que se esparcen por el planeta como consecuencia de las turbulencias económicas y financieras que actualmente ensombrecen el panorama mundial, aquí, en la República Dominicana, debido a la prudencia con que el Gobierno maneja las finanzas públicas y el espíritu de solidaridad de sus políticas sociales, podremos no solamente sobreponernos a los actuales momentos de aflicción, sino mirar al futuro con optimismo, con fe y determinación.
Que Dios, el Todopoderoso, nos proteja de estas difíciles circunstancias que en estos instantes desgarran al mundo y nos guíe siempre por senderos de luz, de esperanza, de paz y de prosperidad.
Muchas gracias.
Buenas noches.
